Funcionarios denuncian arrestos de ICE en cortes de Chicago pese a ley estatal

Funcionarios locales en Chicago denunciaron públicamente el jueves que agentes federales de inmigración han realizado arrestos dentro y alrededor de cortes del área, a pesar de una ley de Illinois que lo prohíbe desde diciembre. Según la oficina del Defensor Público del Condado de Cook, estas acciones ocurrieron desde finales de febrero en la Corte de Violencia Doméstica ubicada en 555 W. Harrison St. y en el tribunal de Maywood.

Las autoridades detallaron que al menos dos personas fueron arrestadas por agentes federales tras presentarse en cortes locales: una mujer fue detenida el 10 de marzo después de ser seguida al salir de la corte, y otra detención ocurrió el 27 de febrero. Un tercer arresto tuvo lugar el 18 de marzo en Maywood. La conferencia de prensa convocada este jueves se dio solo horas después de que agentes federales volvieran a la corte con la aparente intención de detener a otra persona.

El gobernador JB Pritzker firmó en diciembre una ley que prohíbe la ejecución de órdenes civiles de inmigración en cortes estatales, reforzando una medida del poder judicial del condado previa. Además, la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, emitió una orden ejecutiva que impide a agentes federales efectuar arrestos en propiedades del condado, alineándose con ciudades como Chicago y Evanston.

Durante la conferencia, la senadora estatal Graciela Guzmán y representantes de organizaciones de apoyo a sobrevivientes advirtieron sobre el impacto negativo de estas operaciones en comunidades vulnerables, especialmente en quienes buscan protección contra la violencia doméstica. Maralea Negrón, de The Network: Advocacy Against Domestic Violence, señaló que la presencia de ICE en las cortes puede disuadir a sobrevivientes de buscar ayuda por temor a la detención.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Las denuncias han llevado a una revisión de las prácticas pero, al no haber sanciones penales en la ley estatal, las personas detenidas deben presentar demandas civiles para desafiar estas acciones—a menudo una opción difícil de ejercer. El monitoreo y presión sobre el cumplimiento de la ley continúa.